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photo credit: donsutherland1 via photopin cc
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El conseller catalán de Justicia, Jordi Cabré, ha insinuado que será necesario idear alguna forma de copago para acceder a la Administración de Justicia. En el mismo sentido se expresa el jefe del Consell valenciano, Alberto Fabra, que dirige un gobierno que este año anunció su rechazo a crear nuevos juzgados por problemas de déficit. Sorprendente, cuando la Generalitat valenciana lleva años pugnando con el Ministerio de Justicia por considerar insuficiente el número de órganos judiciales que deben ponerse en marcha anualmente.

Pero al margen de inconsecuencias, el tema del copago se sitúa en el debate social pretendiendo que nos encontramos ante un servicio público que, como otros, debe ser cofinanciado por los usuarios. Los servicios públicos ya se sufragan por los Presupuestos Generales del Estado, y la discusión se centra en si los usuarios deben, además, contribuir a su financiación, no solo como medio de atender su correcto funcionamiento sino, también, de evitar una utilización desmedida o incorrecta de los mismos.

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